Abuela camboyana se enfrenta a la deportación tras vivir 44 años en EEUU

Por Sunita Sohrabji (ACoM)

Una abuela camboyana del sur de California que ha vivido en EEUU durante 44 años fue arrestada por ICE durante una cita migratoria de rutina y, ahora, se enfrenta a la deportación inminente. Sithy Yi fue detenida por el pasado 8 de enero. A sus 59 años y con 8 nietos, se encuentra detenida en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California.

A pesar de estar protegida por la Convención de la ONU Contra la Tortura (UNCAT), podría ser deportada a Camboya, donde fue sometida a torturas y abusos cuando era una niña, según su abogada, Kim Luu-Ng, del despacho Reeves Immigration Law Group.

El gobierno de Donald Trump está sorteando la UNCAT al efectuar deportaciones a un tercer país —generalmente a Centroamérica o a África—, el cual podría luego deportar al individuo a su país de nacimiento.

"En Camboya, la Sra. Yi no tendría absolutamente ninguna protección. Ningún abogado la protegería porque Camboya sigue siendo una dictadura muy corrupta", dijo Luu-Ng a American Community Media en una entrevista el pasado 27 de enero.

Sithea San, la hermana de Sithy, dijo en un comunicado de prensa: “Mi hermana y yo escapamos de la muerte juntas durante el genocidio y reconstruimos nuestras vidas aquí. Ahora, ella está detenida y no puedo protegerla. Está asustada, deprimida y no entiende por qué está sucediendo esto después de haber cooperado con la policía. Tengo ansiedad y me siento estresada todos los días".

Yi inmigró a EEUU en 1981 en calidad de refugiada. Luu-Ng relató que, de pequeña, sufrió abusos a manos de los Khmer Rouge, el régimen comunista que gobernó Camboya de 1975 a 1979. Se calcula que el gobierno mató entre 1.5 y 2 millones de camboyanos durante aquel periodo.

"La Sra. Yi fue detenida y encarcelada por los Khmer Rouge. No pudo ir a la escuela. Le privaron de una educación y la sometieron a trabajos forzados. Sithy fue torturada casi a diario. Tiene cicatrices causadas por quemaduras en el cuerpo", declaró Luu-Ng. Si la envían a Camboya, Yi probablemente será asesinada, dijo Luu-Ng. Señaló, además, que su clienta sufrió abusos por parte de un hombre en EEUU que ahora ocupa un alto cargo en el gobierno camboyano.

“Fue condenado por abusar de ella y deportado. Luego se unió al gobierno camboyano, escaló posiciones y ahora ocupa un cargo de poder. Culpa a mi clienta de la condena que recibió y de la deportación, y amenazó con matarla”, dijo Luu-Ng.

Yi sufrió abusos domésticos en varias relaciones en EEUU. "Pasó por relaciones abusivas de manera intermitente. Desafortunadamente, se trata de una situación muy común en mujeres jóvenes y pobres como Sithy que cargan a cuestas con un historial de trauma intenso y profundo”, dijo Luu-Ng.

El historial de violencia doméstica de Yi hace que, potencialmente, sea elegible para una visa U, que se otorga a víctimas de ciertos crímenes, como el abuso físico o mental. Yi solicitó una visa U en 2022; su solicitud sigue en el aire desde hace casi cuatro años.

El Reeves Immigration Law Group, junto con AAPI Equity Alliance y Pacific Asian Counseling Services, presentó una demanda el 14 de enero para solicitar la liberación inmediata de Yi. La demanda nombra a la Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a varios funcionarios de alto rango de ICE.

Los demandados tienen hasta el 2 de marzo para presentar una respuesta. Al cierre de esta publicación, el 28 de enero, el departamento de comunicación de ICE no había respondido a múltiples intentos por conocer su versión sobre el caso de Yi. (ACoM actualizará esta historia si la agencia responde).

En otra demanda presentada el 26 de enero, varias organizaciones de derechos humanos —incluyendo CHIRLA, Immigrant Defenders Law Center y Public Counsel— y el bufete de abogados Wilkie Farr & Gallagher alegaron que los detenidos en el Centro Adelanto son sometidos a condiciones inhumanas.

Según la querella, los detenidos en Adelanto —un centro cuya gestión privada recae sobre el Grupo GEO— no recibieron cuidados médicos críticos a pesar de presentar patologías potencialmente mortales, se les negó el acceso a una alimentación adecuada, carecieron de condiciones higiénicas básicas y fueron sometidos a aislamiento prolongado. Dos de los detenidos murieron en Adelanto; uno lo hizo apenas una semana después de su detención.

Todos los familiares de Yi son ciudadanos estadounidenses. Yi tuvo la residencia permanente hasta 2011. Ese año fue arrestada y cumplió una condena por posesión de drogas con intención de venderlas. Tras cumplir su sentencia, pasó un año en una prisión estatal de California tras violar los términos de la libertad condicional. Las autoridades le revocaron la residencia y, desde entonces, ha permanecido fuera de estatus.

Luu-Ng contó que Yi se ha reintegrado pacíficamente en su comunidad tras su salida de prisión y ha cumplido con las directivas de ICE. "A mi clienta, los individuos que la mantienen detenida nunca la han considerado una amenaza ni un peligro para la comunidad", dijo. Yi no contó con un intérprete de Khmer durante el proceso judicial contra ella por drogas y, por lo tanto, se le negó el debido proceso, agregó Luu-Ng.

"ICE ha declarado en numerosas ocasiones que no era un peligro para la comunidad y no la mantuvieron en detención preventiva. Durante 20 años, han tenido numerosas oportunidades de deportar a mi clienta a un tercer país, de llevársela detenida de forma preventiva, pero eligieron no hacerlo", declaró.

“La historia de la Sra. Sithy Yi no es un caso aislado”, aseguró en un comunicado de prensa Manjusha Kulkarni, directora ejecutiva de AAPI Equity Alliance. “Los individuos del sudeste asiático, muchos de ellos refugiados, están siendo detenidos en citas migratorias de rutina y no regresan más a casa con su familia. Es deplorable".

“La Sra. Yi es una madre y abuela apreciada que ha sufrido una violencia inimaginable. Nos unimos al llamado por su inmediata liberación e instamos a todos los líderes a que condenen que se le ha negado ilegalmente el debido proceso”, dijo Kulkarni.

“Detener a una sobreviviente que ha cumplido con todos los requisitos y no representa ningún riesgo no promueve la seguridad pública: sólo inflige más daño”, dijo Myron Dean Quon, CEO de Pacific Asian Counseling Services. “Las comunidades son más fuertes cuando se apoya a las sobrevivientes, no cuando se las vuelve a traumatizar".

*Este reportaje se publicó originalmente en inglés en ACoM.