Arturo Bargueño: de la tortura en México a la revictimización de CIDH

Por Guadalupe Lizárraga

Canal de YouTube de Arturo Bargueño Prieto.

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El caso del ciudadano español Arturo Bargueño Prieto, como el de cientos de víctimas de derechos humanos, expone un doble fracaso de justicia: primero, en México, donde fue detenido ilegalmente, torturado y encarcelado durante casi seis años; y ahora, en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en lugar de garantizarle reparación lo condena a una nueva revictimización con decisiones viciadas, manipulación procesal y un informe de inadmisibilidad marcado por irregularidades. La institución llamada a defender los derechos humanos en el continente americano se ve acusada de prevaricación y de encubrir al Estado mexicano.

La historia de Bargueño inicia en Querétaro, el 9 de abril de 2006, cuando fue detenido por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, ─hoy enjuiciado en Nueva York por narcotráfico─. Un año clave porque coincidió con el último tramo de Fox y el inicio del sexenio de Calderón cuando consolidó su poder como máximo jefe de la seguridad en México, mientras implementaba la fabricación de culpables como política gubernamental para simular el combate al narcotráfico en tanto operaba con el Cártel de Sinaloa.

En ese contexto, Arturo Bargueño fue detenido sin orden judicial, sometido a tortura física y psicológica, y procesado con pruebas fabricadas. Permaneció casi seis años en prisión preventiva, hasta que en 2012 fue liberado tras una condena reducida a diez meses, sin que el Estado mexicano reconociera su inocencia. Con el sistema judicial agotado y la Suprema Corte negándole justicia, llevó su caso ante la CIDH en 2013 con la esperanza de encontrar reparación del daño. Sin embargo, doce años después, esta esperanza se ha ido transformando en un vía crucis marcado por omisiones, dilaciones y el fraude procesal de su caso.

El expediente de Bargueño ante la CIDH está plagado de anomalías que minan la credibilidad del organismo. El Informe 243/23, con el que en 2023 se declaró inadmisible su caso, registra como “primera respuesta del Estado mexicano” un documento fechado originalmente el 2 de abril de 2020 y manipulado como 9 de abril de 2020; sin embargo, documentos oficiales demuestran que ese informe no fue transmitido a las partes hasta febrero de 2021, casi un año después, alterando deliberadamente la cronología procesal.

A ello se suma que la respuesta estatal carecía de firma oficial, lo que la volvía jurídicamente inválida, y que la contestación presentada por la víctima en marzo de 2021 jamás fue examinada. La omisión del artículo 36.3 de su propio reglamento —que obligaba a pasar el caso a la etapa de fondo por la falta de contestación del Estado— revela una manipulación que, en palabras del propio Bargueño, “configura un acto de prevaricación y denegación de justicia institucionalizada”.

Ante estas irregularidades, Bargueño emprendió en 2025 una ofensiva legal contra la propia CIDH. El 19 de agosto presentó una solicitud de reconsideración con nuevas pruebas y documentos que desmontan los errores materiales del Informe 243/23; semanas después, el 12 de septiembre, acusó formalmente a la Comisión de incumplimiento procesal por su silencio prolongado, y el 15 de septiembre exigió la anulación inmediata del informe, la reapertura del caso y la convocatoria a una audiencia extraordinaria.

En sus escritos, Bargueño sostiene que la única vía para garantizar justicia es la remisión de su expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que el sistema interamericano no puede convertirse en cómplice de la manipulación y la impunidad del Estado mexicano.

“No sé si mi lucha me acabará matando, pero sé que conseguiré mi inocencia y ser recordado”, señala Arturo Bargueño para Los Ángeles Press. Sabe bien que su caso no es aislado, sino el reflejo de centenares de expedientes enterrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que lo convierte —dice— en “el pilar de la destrucción de la Comisión Interamericana”.

Su batalla trasciende el plano individual: prepara acciones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con la mira en una acusación penal contra las propias autoridades españolas que, en su momento, le negaron la asistencia consular mientras permanecía encarcelado en México.

En un video grabado el 31 de mayo de 2025, previo a una cirugía de corazón abierto —una de las secuelas de la tortura sufrida en México—, Bargueño denunció la violación del Estado español al Convenio de Viena sobre asistencia consular.

El caso Bargueño desnuda una grieta profunda en la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo que debería ser garante de justicia y protección a las víctimas aparece señalado como encubridor de las prácticas abusivas del Estado mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón, en su simulación del combate al narcotráfico. La institución desde Washington manipula cronologías, valida documentos sin firma oficial e ignora contestaciones de la parte peticionaria, todo lo que opera en favor del Estado victimario.

No se trata sólo de un expediente mal tramitado, sino de un patrón que amenaza con minar la confianza en todo el sistema interamericano. Para Bargueño, si la CIDH se muestra incapaz —o rehúsa deliberadamente— corregir errores manifiestos y garantizar un debido proceso, su papel como árbitro de los derechos humanos quedará reducido a una simulación también que perpetúa la impunidad.