Aumentan estafas contra indocumentados, advierten abogados
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- hace 1 día
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Por Aitana Vargas
La campaña antimigratoria encabezada por el gobierno de Donald Trump no sólo ha sembrado el pánico entre la comunidad indocumentada. Además, la ha situado en el blanco de estafas dirigidas específicamente a este colectivo vulnerable.
Lo cuentan las abogadas Monica Vaca y Kati Daffan que, hasta recientemente, ocupaban cargos en la División de Ayuda al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y ahora están al frente de un despacho privado. Las letradas advierten de la aparición de nuevas estafas cuidadosamente diseñadas para sustraerles miles de dólares a los individuos indocumentados.
Una de las estafas está dirigida a individuos con un familiar detenido por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que busca asesoramiento legal. Los criminales suplantan la identidad de abogados y expertos legales. Para ello, emplean métodos cada vez más sofisticados, como presentar una licencia de abogado falsificada y ofrecer servicios inexistentes a través de portales web meticulosamente diseñados. Ofrecen, incluso, la posibilidad de hablar con distintos miembros del despacho jurídico, desde personal administrativo y contables a especialistas legales. También recrean por Zoom audiencias falsas frente a un presunto juez que autoriza la liberación bajo fianza del inmigrante detenido.
Pero ni la audiencia ni el magistrado son reales, ni lo es la orden de liberación. Todo es una convincente puesta en escena dirigida a estafar al inmigrante y a su familia y a solicitar dinero por trámites inexistentes.
Las abogadas insisten en la importancia de que las víctimas eleven denuncias a las autoridades para evitar posibles estafas a terceros o incluso tratar de recuperar el dinero perdido. Indican, sin embargo, que el método de pago empleado determinará si los fondos pueden recuperarse. Los pagos realizados en efectivo o con tarjetas regalo son prácticamente imposibles de recuperar, mientras que aquellos que se han realizado mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito podrían, potencialmente, ser rastreados por las autoridades o las unidades especializadas en delitos financieros y cibernéticos.
Uno de los mayores inconvenientes para los individuos sin papeles es la enorme desconfianza en las autoridades a raíz de las redadas migratorias y el clima antiinmigrante. Ante el temor de un posible arresto y deportación, las víctimas prefieren no buscar ayuda ni denunciar el delito. Las abogadas lamentan que, en este momento, si un individuo indocumentado se dirige a un organismo gubernamental, como la Comisión Federal de Comercio, éste posiblemente cruce los datos personales del denunciante con las agencias migratorias.
Recomiendan, por ello, que los individuos sin papeles se dirijan a organizaciones no gubernamentales, las cuales, pueden en algunos escenarios, interponer la denuncia empleando otras vías que no exponen al inmigrante a una situación de vulnerabilidad frente a las autoridades.
Informa @AitanaVargas.
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