Caso Ayotzinapa: Aseguramiento de funerarias en Iguala, otra simulación judicial
- Guadalupe Lizárraga
- 12 oct
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Por Guadalupe Lizárraga (LA Press)
A diez años del crimen de Iguala, las autoridades insisten en operativos mediáticos que reeditan la simulación judicial del caso Ayotzinapa. La reciente clausura de las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, informada por El Sur de Guerrero, ha sido presentada como parte de una “diligencia judicial” de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Sin embargo, analistas independientes, autores del Informe Pascal, consideran que este operativo carece de fundamento legal y de evidencia alguna que lo vincule con la desaparición de los 42 estudiantes y un militar infiltrado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Según la nota de El Sur, el aseguramiento derivó en la detención del empresario Rodolfo Rueda Mazón y su hijo, concesionarios del Servicio Médico Forense local desde septiembre de 2014, y allegados al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y al exsecretario de Salud Lázaro Mazón Alonso. La versión oficial de la FGR apunta a una investigación por “desaparición forzada” y a la búsqueda de indicios relacionados con los hechos de 2014.
No obstante, de acuerdo con uno de los analistas del Grupo Pascal, “el aseguramiento de las funerarias Rueda y El Ángel es inverosímil”. Explica que la medida responde a una vieja recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en 2015 pidió a la entonces PGR indagar funerarias y hornos crematorios de la región, pero sin que se obtuviera evidencia de cremaciones vinculadas a los estudiantes desaparecidos.
“Nunca ha existido ningún indicio de que alguno de los normalistas haya sido incinerado en Iguala. La UEILCA actuó sin prueba directa ni fundamento jurídico sólido para justificar estos aseguramientos”, señala enfático el investigador a Los Ángeles Press.
El analista, de quien se reserva el nombre por razones de seguridad, también cuestiona el papel de los agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron en 2014, en particular el de Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, a quien identifica como pieza central en la manipulación del expediente de Iguala.
Precisó a Los Ángeles Press que los restos “supuestamente hallados” por buzos de la Secretaría de Marina en el río San Juan de Cocula el 29 de octubre de 2014 fueron recibidos por el agente del Ministerio Público Federal de la SEIDO, Luis Armando García Sánchez, y posteriormente resguardados por el perito en fotografía forense Gustavo Martínez Cano. Estas “evidencias” fueron trasladadas en un helicóptero blanco con matrícula XC-LIX y entregadas en el helipuerto de la SEIDO, en la Ciudad de México, al AMPF Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado a las 19:14 horas del 30 de octubre.
De acuerdo con el sustento documental del Informe Pascal, Ornelas Delgado fue el mismo agente que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de manera ilegal la primera copia de los videos del Palacio de Justicia de Iguala y que, días después, el 6 de octubre, regresó para extraer otras cuatro copias de las grabaciones de las cámaras 12 y 15, claves para reconstruir los movimientos de los estudiantes y las fuerzas de seguridad aquella noche.
Los restos, resguardados por la SEIDO y enviados a la Ciudad de México en el mismo helicóptero con matrícula XC-LIX, fueron posteriormente utilizados como prueba clave en la llamada “verdad histórica”. Sin embargo, para el equipo del Informe Pascal, existen indicios de siembra y alteración de evidencias.
“Si un investigador independiente revisa todas las actuaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, dentro del caso Iguala, encontrará un mundo de actos ilícitos, fabricación, manipulación y ocultamiento de evidencias; por lo que es muy probable que también haya sembrado algunos restos óseos”, advierte el analista.
El aseguramiento de las funerarias, lejos de esclarecer los hechos, perpetúa la manipulación política del caso Ayotzinapa y refuerza la vieja práctica del encubrimiento institucional y la fabricación de culpables.
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