El espejo roto de Baja California

Hazael Sayavedra
27 abr
6 Min. de lectura

El caso de Baja California evidencia discrepancias entre cifras oficiales y percepción ciudadana en materia de seguridad pública.

Los La semana pasada, la Presidencia de la República celebró un logro contundente: Baja California redujo sus homicidios dolosos en un 42% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. La cifra, anunciada por la propia presidente Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pinta un panorama de pacificación digno de enmarcarse. Sin embargo, al cruzar la frontera y caminar por las calles de la Zona Centro, Natura o la Sánchez Taboada, en Tijuana, la sensación de los vecinos es diametralmente opuesta. No solo no perciben la calma, sino que aseguran que el monstruo de la violencia simplemente cambió de piel y de nombre en las estadísticas oficiales.

El mecanismo de la reclasificación: lo que los documentos y organismos revelan

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, aseguró públicamente que existen indicios y testimonios internos sobre presuntas instrucciones para reclasificar delitos de alto impacto. Según Quijano Sosa, documentos internos de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que este proceso de reclasificación comenzó entre 2022 y 2023, cuando se instruyó a los agentes del Ministerio Público a modificar la manera de registrar ciertos delitos.

"No estamos de acuerdo con la incidencia delictiva oficial", declaró el presidente del Consejo Ciudadano, al señalar que, mientras las estadísticas muestran una baja en homicidios, de manera paralela se observa un incremento en los reportes de personas desaparecidas. "Es un juego de información", sentenció.

De acuerdo con reportes del Consejo Ciudadano, agentes ministeriales habrían reclasificado denuncias originalmente registradas como NUC (Número Único de Caso) hacia RAC (Reporte de Atención Ciudadana) o NAC (Número de Atención Ciudadana), figuras administrativas que no necesariamente generan una carpeta de investigación formal, lo que podría impactar directamente en las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El respaldo de los organismos especializados

La preocupación del Consejo Ciudadano no es aislada. México Evalúa, organismo dedicado al análisis de políticas públicas, documentó en su estudio "Violencia en México, 2015–2025" que la categoría de "otros delitos contra la vida e integridad corporal" aumentó 368% en la última década a nivel nacional, mientras que el homicidio doloso creció 30.7% en el mismo periodo. El estudio señala que este comportamiento "sugiere posibles distorsiones en la clasificación de muertes violentas y la necesidad de mejorar la calidad de los registros".

En concreto, el análisis de México Evalúa indica que la integración de homicidios, desapariciones (que aumentaron 212.9% en una década) y otros delitos contra la vida en un indicador unificado de "violencia letal" permite reducir sesgos de subregistro y ofrece un diagnóstico más preciso. De 2024 a 2025, este indicador integrado se redujo solo 8.6%, una cifra muy distante del 42% que presume el gobierno.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), encabezado por Francisco Rivas Rodríguez, ha sido contundente: "Los estados que sumaron miles de víctimas y abusaron de esta clasificación fueron (en orden descendente) Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato y Tabasco". Rivas advirtió que el Secretariado Ejecutivo continúa sin controlar ni explicar el número desbordado de carpetas registradas como "víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal".

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Vea la cobertura sobre Armando Carrazco

La investigación periodística que destapó el mecanismo

Una investigación de Animal Político documentó con pruebas el modus operandi. Periodistas de este medio obtuvieron chats de junio de 2024 en los que Lizeth Jazmín Torres Andrade —subdirectora de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal de la FGE, e hija de la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez— daba instrucciones precisas a los ministerios públicos.

El mensaje fue revelador: "Fraudes, suplantación de identidad, extorsiones que sea QRR, se generarán en NAC (Número de Acta Circunstanciada)". En el caso de los robos con violencia, se estableció una excepción: "todos se generarán en NUC, a excepción de los Oxxo que se presenten por escrito", indicó la funcionaria.

El problema es que el Registro de Atención Ciudadana y el Número de Acta Circunstanciada no se toman en cuenta para las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo, a diferencia de las carpetas de investigación con NUC. Animal Político comprobó el mecanismo mediante una denuncia real por robo con violencia a un OXXO: efectivamente, el documento fue asentado como Registro de Atención Ciudadana y NAC, pese a que debía ser una carpeta de investigación.

Ángel Záizar, exconsejero presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, fue quien destapó el caso al recibir a empresarios desconcertados porque sus denuncias no avanzaban. "Están mintiendo, están jugando con números. Con esos niveles de impunidad, están maquillando números", declaró a Animal Político. "Ese tipo de autoengaños no le sirve a la autoridad, porque ¿cómo vas a determinar cuáles son los puntos calientes? ¿Cómo vas a hacer una estrategia? ¿Cómo vas a pedir presupuesto?"

El resultado de esta práctica es contundente: el robo con violencia en Baja California pasó de 4,332 carpetas en el primer semestre de 2024 a 2,154 en el mismo periodo de 2025, una reducción del 50% que, lejos de reflejar una mejora en seguridad, obedece a un cambio administrativo en el registro. Mientras tanto, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se mantiene en un alarmante 72%, según datos del INEGI.

Datos comparativos

Antes de continuar, conviene poner los números sobre la mesa:

· 2021: 3,030 homicidios dolosos registrados en Baja California.

· 2023: 2,417 homicidios reportados oficialmente.

· Paralelamente, aumentó la categoría "otros delitos contra la vida e integridad corporal".

· Tijuana continuó ubicada entre las ciudades más violentas de México, pese a la reducción estadística oficial.

· A nivel nacional, la categoría "otros delitos contra la vida" creció 368% entre 2015 y 2025, mientras Baja California se ubicó entre las entidades que más "abusaron" de esta clasificación.

El manual de contrainsurgencia narrativa

Pero el maquillaje de cifras no sería posible sin la complicidad —voluntaria o forzada— de otra pieza clave del engranaje: los medios de comunicación. En Baja California, el gobierno no solo reclasifica delitos; también presiona para que ciertas voces no se escuchen.

El caso más reciente y aberrante involucra a altos mandos militares en activo. Una investigación periodística documentó que un teniente coronel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) ordenó a sus subalternos reportar masivamente páginas de periodistas y medios de comunicación. El objetivo era claro: bloquear y eliminar perfiles, imágenes y contenidos del espectro digital de aquellos que lo criticaron por ordenar cateos sin mandamientos judiciales. "Por instrucciones del teniente coronel, favor de reportar esta página y mandar captura del reporte", fue el mensaje enviado desde las oficinas de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Sin embargo, la estrategia no se limita a la censura directa. El general Laureno Quintero Carrillo, titular de la SSCBC, ha desplegado un discurso sistemático de descalificación hacia la prensa y los organismos autónomos. Ante las críticas sobre su gestión —marcada por operativos fallidos y una percepción ciudadana de inseguridad que supera el 70%—, el funcionario ha optado por un argumento recurrente: culpar a los medios de comunicación y a las redes sociales de "desinformar" a la población.

El mensaje implícito de esta administración es claro: cuando los números de homicidios no coinciden con la percepción social, la disputa se traslada al terreno de la narrativa. Si un periodista exhibe que la violencia persiste, la autoridad lo descalifica. Si el INEGI reporta que siete de cada diez bajacalifornianos se sienten inseguros, se cuestiona la metodología.

El costo real del silencio estadístico y mediático

Más allá de los boletines oficiales, la afectación es tangible. Especialistas de México Evalúa señalan que la manipulación de registros mediante reclasificación desvía recursos y estrategias de seguridad de las zonas donde más se necesitan. Si la autoridad reporta una caída del 50% en robos con violencia —como ocurrió tras reclasificar denuncias—, la asignación presupuestaria puede distorsionarse.

A esto se suma la presión sobre el entorno informativo. Cuando se documentan intentos de bloquear contenidos críticos o desacreditar a periodistas, el efecto es una reducción del escrutinio público. El resultado es un entorno donde las cifras oficiales adquieren mayor peso que la evidencia cotidiana.

La consecuencia es operativa: sin datos precisos, la planeación de seguridad pierde eficacia.

En Baja California ya no basta con contar muertos. Ahora también hay que determinar bajo qué clasificación fueron registrados.

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