Niños migrantes de Guatemala y Honduras enfrentan rutas de explotación

Itsmania Platero
hace 2 días
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Por Itsmania Platero (LA Press)

Miles de niños migrantes centroamericanos quedan expuestos a redes de tráfico, explotación laboral y abandono institucional en Estados Unidos.

"El mundo debería avergonzarse de lo que me han hecho a mí y a los demás niños".

Omran Daqneesh, niño refugiado sirio cuya imagen se convirtió en símbolo de inocencia frente al horror de la guerra.

Guatemala y Honduras figuran entre los países de Centroamérica con mayores niveles de vulnerabilidad infantil vinculada a la trata de personas, la explotación, la esclavitud y la servidumbre.

Entre 2019 y 2025, un total de 212 mil 191 niños, niñas y adolescentes de origen guatemalteco fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con registros migratorios.

En Honduras, la cantidad de menores que salen del país de manera irregular es difícil de determinar con precisión, ya que muchos logran evadir los controles migratorios. La vulnerabilidad de las partidas de nacimiento, que en numerosos casos carecen de elementos de seguridad robustos, facilita su falsificación. No obstante, las autoridades registran cada año decenas de miles de menores interceptados y retornados desde México y Estados Unidos. Aun así, la cifra de niños retornados resulta mínima en comparación con el volumen estimado de quienes abandonan el país.

La magnitud del problema se agrava por el desplazamiento interno provocado por la violencia, fenómeno que ha obligado a más de 103 mil estudiantes a abandonar el sistema educativo público en busca de protección o para reunirse con sus padres en el extranjero.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que ha logrado localizar a 146 mil menores migrantes de un universo de aproximadamente 450 mil niños y adolescentes no acompañados que ingresaron al país durante la administración del presidente Joe Biden. Más de 300 mil menores continúan sin ser ubicados por las autoridades migratorias estadounidenses, señaló Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.

Por su parte, Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, afirmó durante una conferencia de prensa que el elevado desplazamiento de menores estuvo asociado a la operación de redes delictivas dedicadas al tráfico de personas, algunas de ellas con participación de organizaciones criminales mexicanas.

Sin embargo, Castro Molina sostuvo que estas estructuras no operan únicamente desde México. Según explicó, también existen redes en Guatemala y Honduras, donde los mecanismos de protección de la niñez presentan graves debilidades. Indicó que, de cada diez casos relacionados con trata de personas, esclavitud, servidumbre o explotación sexual infantil, apenas dos llegan a ser judicializados.

Otro factor que dificulta el combate a estos delitos es la presunta colusión de funcionarios públicos. De acuerdo con diversas denuncias, expedientes relacionados con delitos contra menores permanecen sin avances durante años, contribuyendo a los altos niveles de impunidad y corrupción.

Una fuente consultada para este reportaje, cuya identidad se mantiene en reserva, explicó que una de las formas más utilizadas para trasladar ilegalmente a un menor consiste en sedarlo y cruzarlo por rutas irregulares. Posteriormente, se busca un patrocinador y se instruye al niño sobre lo que debe declarar ante las autoridades migratorias. La fuente añadió que, en algunos casos, los propios familiares abandonan la búsqueda de los menores desaparecidos ante la falta de respuesta institucional.

“Durante muchos años, bajo la administración Biden, menores no acompañados fueron introducidos ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente incorporados a un programa gubernamental mal administrado”, declaró Blanche. Según el funcionario, algunos traficantes aprovecharon las debilidades del sistema para facilitar el ingreso irregular de menores al país.

Recientemente, en Cleveland, Ohio, autoridades federales presentaron cargos contra tres inmigrantes guatemaltecos por delitos relacionados con tráfico internacional de menores no acompañados y fraude al gobierno estadounidense. Además, otro inmigrante fue condenado por introducir ilegalmente a un menor en 2023 y obtener de manera fraudulenta su custodia, para posteriormente cometer abusos sexuales en su contra.

Las acusaciones involucran a Maritza Azucena C.C., de 38 años, y a su hermano Carlos Agustín C.C., de 33, ambos ciudadanos guatemaltecos en condición migratoria irregular. Según la Fiscalía estadounidense, participaron en una conspiración de tráfico de personas que operó entre diciembre de 2020 y octubre de 2023, periodo durante el cual habrían presentado solicitudes fraudulentas de patrocinio ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Asimismo, Gladys Marina C. Ch., de 20 años y también de origen guatemalteco, enfrenta cargos por presuntamente realizar declaraciones falsas en una solicitud de patrocinio de menor no acompañado, según informó la Fiscalía federal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) también informó que da seguimiento a aproximadamente 15 mil 500 casos relacionados con presuntos tutores vinculados a miles de menores migrantes, entre ellos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que ingresaron al país entre 2021 y 2024.

Las investigaciones han permitido detectar documentos de identidad alterados, partidas de nacimiento falsificadas y declaraciones fraudulentas presentadas ante autoridades gubernamentales con el propósito de obtener la custodia de menores migrantes.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times en 20 estados de Estados Unidos, numerosos menores migrantes centroamericanos fueron víctimas de explotación laboral y estuvieron expuestos a condiciones peligrosas de trabajo, incluida la operación de maquinaria industrial. El reportaje también documentó casos de menores fallecidos mientras realizaban actividades laborales.

Hasta la fecha, los gobiernos de Guatemala y Honduras no han presentado informes públicos detallados sobre el destino y la situación de miles de menores migrantes, una omisión que mantiene en condiciones de vulnerabilidad a uno de los sectores más desprotegidos de la región: la infancia.

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