En Uvalde, fueron 21

Por Aitana Vargas

Foto de la izquierda: Ascensión Mendieta (izquierda) junto a sus hijos y su hermana Paz (derecha). Foto central: Ascensión Mendieta y su marido Francisco Vargas; Foto de la derecha: Ascensión Mendieta junto al Rey Felipe VI de España. Crédito: archivo familiar.

Durante décadas, mi abuela, Ascensión Mendieta, vivió en silencio sepulcral el dolor que el asesinato de su padre a manos de las fuerzas franquistas tatuó en su interior. De vez en cuando, se le escapaba un suspiro de tristeza y, compungida, decía: “pobrecito, con lo bueno que era”. 

Timoteo Mendieta, mi bisabuelo, fue ejecutado de un balazo contra un paredón en 1939, meses después de su arresto por oponerse a la dictadura, abogar por la libertad, los valores democráticos y pelear por los derechos de los trabajadores como Presidente de la UGT (Unión General de Trabajadores) en Sacedón, un pequeño pueblo español. Su cuerpo perforado acabó en una fosa común del cementerio de la ciudad de Guadalajara, España, junto al de una veintena más. Sólo en ese cementerio, las fuerzas franquistas enterraron en fosas comunes a unos 800 opositores del régimen –– de las más de 100.000 víctimas que se estima yacen por el país y cuyo paradero, en muchos casos, se desconoce ––. 

Era una España que silenciaba a punta de pistola, que sembraba los valles y las mesetas ibéricas de cadáveres y que sepultaba con amenazas y terror el disentimiento y el dolor de aquellos que esquivaban o sobrevivían a las balas. Fueron casi cuatro décadas de agravios y represalias para un pueblo que experimentó una de las dictaduras más longevas de la Europa moderna. A mi familia, la ejecución de Timoteo la sumió en la pobreza, y mi bisabuela se las deseó para sacar adelante a sus siete hijos. 

En 1977, cuando España anuncia la muerte de Franco y el país se embarca en un nuevo periodo democrático, todos los partidos políticos al unísono le dieron la espalda a las víctimas con la aprobación de la Ley de la Amnistía, una medida que perdonaba los crímenes perpetrados en la Guerra Civil ––iniciada con el golpe de estado de Franco–– y en la consiguiente dictadura.

Aun si el fin era loable ––facilitar la transición democrática––, la ley taponó a presión el dolor que el conflicto bélico y el régimen militar generaron en unas víctimas a quienes se les prohibió buscar justicia o recuperar los cadáveres de sus seres queridos. Y es que el principio podía también prestarse a otras interpretaciones y vivencias: mientras los cuerpos permanecieran enterrados en fosas, las autoridades podían blanquear el sangriento y oscuro pasado de un España resquebrajada que durante décadas perdió la brújula moral y humana. 

Pero el dolor encontró recodos y vías para brotar por rincones insospechados, y un día, desde las cunetas y las mesetas ibéricas, las historias de los fusilados comenzaron a florecer y a obligar al pueblo español a mirarse a sí mismo sobre el espejo de la realidad. 

En 2019, con 93 años y el cuerpo marchito, mi abuela recibía la sepultura en el cementerio civil de la Almudena en Madrid que había anhelado desde que, a los 13 años, le abriera la puerta de casa a los verdugos de su padre. Aquel día de otoño de 2019, tras una larga lucha, por fin, yacía junto  a él. Cientos de españoles se sumaron a la ceremonia civil para rendirle tributo. Los medios de comunicación españoles, por fin, rescataban de las fosas las historias de las víctimas y las convertían en protagonistas de una nueva etapa de madurez democrática en el país europeo. 

La tenacidad y los reclamos humanos de mi abuela la habían consagrado de manera involuntaria como un símbolo de las víctimas del franquismo, logrando incluso protagonizar titulares en las cabeceras más importantes del mundo. Y es que a los 88 años y con una vida como costurera a sus espaldas, se había subido a un avión rumbo a Argentina para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría y pedirle que le ayudara a recuperar el cuerpo de su padre. La magistrada, invocando el Principio de Justicia Universal, exhortó a España a exhumar a Timoteo y a entregárselo a mi abuela. El país ibérico, a regañadientes y enfrentando la creciente presión mediática internacional, accedió. 

La de Ascensión fue, sin duda, una hazaña que contribuyó a educar y a sensibilizar a las autoridades sobre cómo los tapones sociales impuestos desde las altas esferas raramente sirven el propósito que buscan: restaurar una democracia mediante la ley del silencio. Y aunque su historia conquistó corazones y despejó el camino para que otros españoles buscaran y exhumaran a sus seres queridos, la mayoría murió con un nudo en la garganta, sin reconocimientos y sin haber recuperado a sus familiares y amigos. 

Meses antes de fallecer, mi abuela coincidió con el Rey Felipe VI de España en la entrega de Premios Internacionales de Periodismo Rey de España que se celebra cada año en Madrid. En aquella edición, uno de los proyectos galardonados, Vidas Enterradas, rescataba los testimonios de las víctimas del franquismo, incluyendo el de mi abuela. Cuando ésta se acercó al monarca y le pidió que ayudara a los familiares de otras víctimas, éste respondió: "Tengo las manos atadas".

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Esta piedra convertida en una placa conmemorativa pide que se anteponga el bienestar de los niños frente a la posesión de armas. Foto: Aitana Vargas

Es una tarde gris y lluviosa de marzo de 2025 cuando, tras meses de preproducción y planeamiento logístico, desembarco en Uvalde, Texas. Mi primera parada es la Escuela de Primaria Robb, escenario del tiroteo masivo que, en mayo de 2022, acabó con la vida de 19 niños y dos maestros latinos. Al encontrarme cara a cara con el edificio semiabandonado, mis ojos cansados se inundaron de tristeza. A mi lado, sentada en el coche, me acompañaba la psicóloga Brenda Faulkner, directora del Centro de Luto para Niños de Uvalde. “¿Qué estás pensando?”, me preguntó al verme visiblemente conmovida. 

Tardé días en confiar mis sentimientos e impresiones a terceros. Ocurrió en mis múltiples encuentros con el Padre Michael Marsh, que estuvo al frente de la Iglesia Episcopal San Philip de Uvalde durante dos décadas y cuya travesía en esta comunidad concluyó hace unos meses. Nuestros encuentros se convirtieron en espacios íntimos para entablar “conversaciones del corazón”, como él las calificaba, porque explorábamos tabúes sociales como la muerte y el duelo, así como los elementos que deben estar presentes en una comunidad o en una familia para procesar estos eventos. 

Marsh describía, con pesar, el dolor no articulado y punzante que sigue desgarrando el tejido social y comunitario de Uvalde. Un daño que se propaga en las moléculas del aire y que actúa como barrera hacia la búsqueda de soluciones que puedan calmar el desasosiego provocado por tan sobrecogedora tragedia. Para Marsh, el refugio está en la fe. Pero para otros miembros de esta comunidad rural que se enfrenta a barreras sistémicas, el camino ha quedado desdibujado y marcado por retos difícilmente asumibles y superables sin la intervención de las autoridades, la solidaridad mediática y el deseo de la sociedad de ayudar a aquellos más desafortunados que uno mismo. 

Al concluir mi viaje por Uvalde, me desplacé a una residencia para escritores y productores situada a una hora de San Francisco. Pasé varios días en la cama, batallando un resfriado y organizando mis emociones. Cuando por fin pude levantarme de la cama y recuperar la compostura, recordé el insalvable y prolongado daño que una sola bala había causado en mi familia. 

En Uvalde, fueron 21.

Jackie, Tess y Lexi murieron en uno de los tiroteos masivos más mortíferos perpetrados en centros escolares en la historia de EEUU. Crédito: Aitana Vargas