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Republicana Nancy Mace propone pena de muerte a violadores de menores

  • Rodolfo Soriano-Núnez
  • hace 5 horas
  • 6 Min. de lectura

Por Rodolfo Soriano-Núñez (Los Ángeles Press)


Fuente: Cuenta de X de la legisladora republicana Nancy Mace
Fuente: Cuenta de X de la legisladora republicana Nancy Mace

En el torbellino de efectos de los llamados Archivos Epstein, Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur presentó este jueves 26 de febrero un proyecto de ley calificado como un “mensaje inequívoco” para los violadores de niños, pedófilos y las redes que apoyan ese tipo de crímenes: la pena de muerte.


No está claro si existe apoyo para tal legislación dentro del Partido Republicano, pero la propuesta de la representante Mace llegó al Capitolio en un momento en que muchos ya han planteado la idea de leyes más estrictas para prevenir más víctimas de este crimen.


El proyecto de ley de la representante Mace, titulado Ley de pena de muerte para violadores de niños (Death Penalty for Child Rapists Act), “autorizaría la pena capital para individuos condenados por abuso sexual agravado, abuso sexual de un menor y delitos de contacto sexual abusivo contra niños bajo la ley federal y la violación de un niño bajo el Código Uniforme de Justicia Militar”.


Según el comunicado de prensa de la representante Mace, el proyecto de ley busca reformar el Título 18 del Código de los Estados Unidos (texto en inglés) para autorizar el castigo capital por los siguientes delitos federales:


  • Abuso sexual agravado de un menor (18 U.S.C. § 2241(c))

  • Abuso sexual de un menor (18 U.S.C. § 2243(a))

  • Contacto sexual abusivo contra un menor (18 U.S.C. § 2244)


La legislación también busca reformar el Código Uniforme de Justicia Militar (contenido en inglés) para autorizar la pena de muerte por violación de un niño bajo el artículo 120b (10 U.S.C. § 920b).


El proyecto de ley de la representante Mace está disponible en su sitio web oficial aquí (contenido en inglés).


Que los miembros del Partido Republicano pidan castigos que incluyan la pena de muerte, no es nada nuevo en Estados Unidos, pero la idea de elevar los castigos por este crimen es de alguna manera inesperada, ya que el debate en torno a los Archivos de Epstein también ha dado lugar a casos en los que figuras políticas e incluso personalidades de los medios hacen todo lo posible para minimizar los efectos del abuso sexual.


Debe notarse que la “liberación” misma de los archivos de Epstein no fue el producto de una legislación impulsada por la mayoría demócrata en Washington. Fue una coalición bipartidista que incluyó a figuras secundarias del Partido Republicano indispuestas a aceptar el dictado de la Casa Blanca la que logró que se publicaran esos documentos. Mace ya fue en 2025 una figura de ese movimiento cuando se unió a otros tres representantes republicanos con los 214 demócratas que entonces estaban en la Cámara Baja.


A pesar de los esfuerzos de Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, uno de los más leales a Donald Trump, no logró impedir la aprobación de la reforma que liberó los archivos Epstein.


Notablemente, a finales de 2025, Megyn Kelly, expresentadora de televisión en Fox News y otros medios tradicionales, estuvo dispuesta a minimizar el daño de algunos de los personajes principales en los archivos de Epstein al poner en duda las edades de algunas de las presuntas víctimas de personas vistas como cercanas al financiero fallecido.


En noviembre de 2025, Kelly argumentó que había una “diferencia entre una persona de 15 años y una de cinco años”. Lo hizo para sugerir que las víctimas de Epstein estaban en la categoría de “adolescentes jóvenes” que podrían “pasar por incluso más jóvenes de lo que eran, pero que parecerían legales para quien no las conociera”.


Kelly, una favorita del Make America Great Again, enfrentó severas críticas al ir más allá al afirmar o al menos sugerir que Jeffrey Epstein no era un “verdadero” pedófilo y que sólo gustaba “del tipo que parece niña”.


La disposición de Kelly para ir a la guerra en nombre de Epstein se percibió como su manera de ayudar a los posibles cómplices del financiero y provocó la indignación de antiguos artistas infantiles en las redes sociales y los medios tradicionales. El hashtag #IWasFifteen se volvió tendencia, con actores y sobrevivientes señalando la capacidad de aparentar ser mayores en pantalla y cómo eso era irrelevante para su situación legal o el abuso que sufrieron.


Sin embargo, dado el clima político en Estados Unidos no sería difícil que la propuesta de Mace detonara leyes similares a escala estatal, así como intentos de imponer la pena de muerte incluso en países donde ha sido abolida ya.


Al otro lado del Atlántico


A finales de 2025, el parlamento italiano vio cierto progreso con una ley similar que proponía la castración química como castigo para los criminales convictos de este delito y en el Reino Unido criminales ya encarcelados tienen la opción de decidir por su cuenta si quieren este tipo de procedimiento.


También debe notarse que el proyecto de ley italiano es parte de un Proyecto de Ley de Seguridad más amplio (el Ddl Sicurezza) impulsado por el gobierno de Meloni desde 2024. No es una ley de “castración química” independiente, impulsada por el enfoque de “ley y orden” que los partidos políticos Lega Nord y Fratelli d'Italia intentan presentar usar como bandera política.


Incluso si fuera aprobada por ambas cámaras del Parlamento italiano, la ley sería el objetivo de los defensores de Derechos Humanos que han expresado su preocupación por leyes que imponen castigos invasivos contra los reos, incluso cuando han sido declarados culpables por los tribunales, más aún en la Unión Europea, pues existe legislación sobre temas similares ya vigente y respaldada por tribunales constitucionales en la Unión.


Sin embargo, hasta donde se sabe en febrero de 2026, aunque el proyecto no prospera en los barrocos procedimientos legislativos en Roma se ha convertido en un estandarte para los sobrevivientes de abusos en todo el mundo, cansados de la ineficacia de sus gobiernos nacionales para abordar y resolver sus casos.


A principios de 2026, el Tribunal Constitucional italiano llamó la atención sobre el “principio de proporcionalidad” al sentenciar delitos. En un fallo de enero de 2026, el Tribunal reiteró que cualquier medida punitiva debe ser proporcional y respetar la integridad física del individuo. La castración química obligatoria —que es lo que la Lega ha planteado— es vista ampliamente por los juristas italianos como una violación directa de estos artículos.


El artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH abre un archivo pdf), prohíbe la tortura y el trato degradante, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una posición de larga data de que los procedimientos médicos realizados sin “consentimiento libre e informado” son una violación de la integridad física y mental.


Además, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa realizó una visita ad hoc a Italia en septiembre de 2025. Sus hallazgos preliminares (que se convirtieron en un importante tema de discusión en Roma este enero) advirtieron específicamente contra los castigos “medicalizados” que eluden el consentimiento del prisionero, calificándolos de “degradantes” e inconsistentes con las normas de la UE.


Esto sucede mientras otros países han presenciado reformas recientes en sus leyes, tanto nacionales como subnacionales, para facilitar la denuncia del abuso sexual, poner fin a la llamada prescripción de este tipo de delitos y ampliar la definición de abuso sexual para evitar el tipo de pérdidas que las víctimas de abuso sexual han sufrido desde la década de 1980, cuando la crisis de abuso sexual clerical explotó en la Iglesia Católica en los Estados Unidos.


Recientemente, Los Ángeles Press revisó los casos de los antiguos clérigos jesuitas Felipe Berríos del Solar y Marko Rupnik, quienes han sido acusados de abusar sexualmente de mujeres. Aunque su antigua orden, la Compañía de Jesús, consideró oportuno expulsarlos de la orden, el Vaticano fue incapaz de encontrar una manera de reducirlos al estado laical.


En el caso de Berríos, sus víctimas incluían menores, pero la justicia chilena fue incapaz de castigarlo debido a la prevalencia de la prescripción en los casos que lo involucraban. En el caso de Rupnik, sus víctimas eran adultas y la prescripción impide que las autoridades civiles de su Eslovenia natal tomen cualquier acción significativa.


Históricamente, la Iglesia Católica se ha opuesto por principio a la pena de muerte. Más recientemente, el papa Francisco reformó el Catecismo de la Iglesia Católica para reflejar lo que ha sido una posición doctrinal establecida originalmente por Juan Pablo II en Evangelium Vitae, un documento publicado en 1995, usualmente conocido como El Evangelio de la vida, donde el papa polaco estableció lo que el papa Francisco formalizó como doctrina en 2018.


A pesar de esas reformas, recientemente, por primera vez desde que hay registros disponibles, más católicos que otros cristianos apoyaron el uso del castigo capital en el sistema de justicia de Estados Unidos, como demuestra el análisis de Ryan Burge del General Social Survey de Estados Unidos en el mensaje publicado en lo que solía ser Twitter después de este párrafo.


*Pinche aquí para leer el reportaje en Los Ángeles Press, y aquí (EP. 1) aquí (EP. 2) y aquí (EP. 3) para ver nuestros episodios sobre Epstein.



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